Cuando un juez esta acusado en dos causas diferentes por prevaricación y en una tercera por otro delito cometido no queda más remedio que preguntarse que está pasando. Y mucho más cuando se habla de algo tan grave como prevaricar, el delito más grave que se le puede imputar a un juez.
Prevaricar es ni más ni menos que tomar una resolución judicial a sabiendas de que es injusta. Esto es, tomar una decisión para perjudicar a alguien e incumplir por tanto el deber más básico de un juez que es el ser garante de la justicia.
Su definición debería no albergar ningún tipo de duda pero por desgracia detrás de la misma se pueden esconder demasiadas interpretaciones. Un juez puede realizar una interpretación particular de la ley como hemos visto en numerosas ocasiones o puede incluso equivocarse en la aplicación de la misma. En este último caso, podríamos estar ante una falta que provocaría una inspección pero nunca un caso de prevaricación en el que se acusa a un juez de perjudicar a sabiendas y no simplemente de cometer un error y perjudicar.
Esta debe ser la base para entender el caso contra el Juez Garzón. El magistrado tomó una decisión, la de grabar a los presos de la trama Gurtel junto con sus abogados, según él, para evitar la ejecución de otro delito, el blaqueo de dinero. Para ello se saltó la norma fundamental y básica que habla del derecho de un preso a la defensa y por tanto a la no interceptación de sus comunicaciones con su abogado.
Ahora bien, si esta norma tiene una excepción en los casos de terrorismo ¿no podría tenerla también si existen indicios claros de que abogado y preso están conspirando para cometer un delito? Si en vez de tratarse de un blanqueo de dinero se tratase de asesinar al rey por ejemplo o al presidente del gobierno o de robar el banco de España, ¿no estaría acaso justificada la intervención telefónica?
A favor de Garzón hay que señalar también dos cosas. Una, que la decisión de grabar la toma no por iniciativa propia sino por petición de la policía. Se trata por tanta de una decisión basada en unas investigaciones policiales. Por otro lado, el juezo del Tribunal Supremo que heredó el caso decidió no parar dichas grabaciones.
En definitiva, parece haber elementos suficientes para pensar que no hubo prevaricación. SI a eso le sumamos el caso de prevarcación en el caso del franquismo o el otro estamos sin duda ante un juicio político.
Un juicio que no sería extraño en un personaje que en todo este tiempo se ha creado demasiadas enesmitades, entre jueces y políticos.
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